JOSE ANGEL IZQUIERDO GONZALEZ IN MEMORIAM

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JOSE ANGEL IZQUIERDO GONZALEZ IN MEMORIAM

 CONCURSO Y SEMINARIO LEGAL “CONCLUSIONES DEFINITIVAS.”

  1. IN MEMORIAN

José Ángel Izquierdo González se graduó en La Universidad de La Habana como Licenciado en Historia y Licenciado en Derecho. En esta última carrera ejercicio la profesión de Abogado en el Bufete Colectivo de La Lisa en Ciudad de La Habana. Exiliado en España desde inicios del 2000 encontró una prematura muerte durante un insólito accidente automovilístico en Miami el 2 de Noviembre del 2013 donde residía.

Como Abogado Penalista ejerció un derecho técnico gracias a su profundo conocimiento de la jurisprudencia penal. Como Abogado Agramontista fue firmante de la Solicitud de Amnistía a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Petición de Enjuiciamiento Criminal en los hechos del Remolcador 13 de Marzo y otras numerosas peticiones al gobierno Cubano exigiendo cambios en el Código Penal y la Ley Procedimiento Criminal. Abogado Defensor  de una plétora de disidentes y opositores entre ellos  Rene de Jesús Gómez Manzano, Félix Antonio Bonnet Carcasses, Leonel Morejón Almagro, Lázaro González Valdés, Roberto A. López Montañez, Lázaro García Cernuda, y Reinaldo Alfaro García.

  1. CONCURSO

2 (a) CONVOCATORIA

Con el objetivo de Honrar la vida y obra del Ilustre colega Agramontista José Ángel Izquierdo González. La Corriente Agramontista convoca al Concurso y Seminario Legal “Conclusiones Definitivas.”

En el mismo podrán participar todos los Abogados Cubanos residentes en Cuba miembros o no de La Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

2 (b) BASES

  1. 1) Los Abogados presentaran por escrito sus Conclusiones Definitivas basados en los Aspectos técnicos jurídicos de un caso un delito: Danilo Maldonado (El Sexto) y el delito de Desacato en el Código Penal Cubano

ARTÍCULO 144.1. El que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.

  1. Si el hecho previsto en el apartado anterior se realiza respecto al Presidente del Consejo de Estado, al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros o a los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años.

b.2) Los trabajos deberán tener un mínimo de 15 y un máximo de 30 cuartillas  con una separación de 1.5  entre líneas y las letras 14 en Arial o Times New Roman.

b.3) Se otorgara un Primer Premio consistente en $ 600.00 (American dólares) y placa de reconocimiento.

Dos Menciones Honorificas consistente en $ 100 (American dólares) y placa de reconocimiento.

b.4) El último día para enviar las “Conclusiones Definitivas” será el (se extiende elplazo). Los Ganadores serán dados a conocer en noviembre del 2016 en Ciudad de la Habana, Cuba.

  1. SEMINARIO LEGAL

El sábado 16 de Abril del 2016 (este dia, si no hay un cambio, habra una conferencia de prensa para anunciar el Seminario, el dia y la hora de su celebracion)

En el Aula Magna de la Faculta de Derecho Rafael Díaz Balart tendrá lugar el Seminario Legal “Conclusiones Definitivas” donde se debatirá el Trabajo ganador y se abordaran los cambios que necesita el Código Penal Cubano para cumplimentar el ordenamiento jurídico en una sociedad democrática.

Los trabajos deberán ser enviados con nombres,  apellidos y dirección de los Abogados participantes así como número del MINJUS, año de graduación y nombre de la Escuela de Derecho donde obtuvieron el título de Licenciados en Derecho.

Los Trabajos pueden ser enviados a los siguiente correos electrónicos:

alazago@yahoo.com

o

unionagramontista@gmail.com

Con copia a leonel.morejon-almagro@pd19.org

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“FUGA DE CAPITALES”, CUANDO CONVIENE…

  

La prensa oficialista cubana continúa intentando justificar la arremetida gubernamental contra algunos cuentapropistas 

El pasado lunes, el periodiquito Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, publicó, bajo la firma de Oscar Sánchez Serra, un artículo que aborda las últimas medidas del régimen que han afectado a distintos trabajadores por cuenta propia. Su título: “Preservar la legalidad y el orden: un interés de todos”.

Nuestro fin no es discrepar a ultranza del objetivo que enuncia el nombre que acabo de citar. En un plano hipotético, ¿alguien será capaz de impugnar la conveniencia de respetar la ley y mantener el orden! El problema radica en qué contenido concreto se le asigna a ese enunciado teórico por los escribidores castristas; en este caso específico, por Sánchez Serra.

Al comienzo de su trabajo, el colega arremete contra “quienes piensan que la nuestra es una sociedad acrítica, que no opina”. Según él, el sistema totalitario —al que él llama “la Revolución”— “nos ha convocado a ejercer el criterio para, entre todos, encontrar las mejores soluciones”.

El articulista de Granma emplea su optimismo incombustible para referirse al tema de las medidas adoptadas por el régimen castrista contra determinados trabajadores por cuenta propia, al cual dediqué mi artículo “El beso de la muerte”, publicado por CubaNet hace una semana. En particular, el colega ataca a los dueños de salas de exhibición y de videojuegos, así como contra los vendedores de confecciones extranjeras y de “artículos varios de uso en el hogar”.

Sánchez Serra ridiculiza en este contexto el concepto de “unanimidad”. “Ni asomo de eso hay en el abanico social sobre este tema”, ironiza. Lástima que, unas líneas después, afirme de modo tajante: “Tampoco asoman contradicciones antagónicas”.

¡Menos mal que el pudor le aconsejó reconocer la inexistencia de opiniones unánimes sobre el tema! ¡Resulta difícil imaginar una contradicción mayor que la existente entre alguien que ha desembolsado miles de dólares para acondicionar una sala de exhibición y los burócratas que, al prohibirle continuar su actividad, lo condenan a perder todo lo invertido!

El escribidor castrista se entrega a disquisiciones acerca de si las licencias en las que se amparaban los cuentapropistas afectados contemplaban o no las actividades que venían realizando. Lo que en modo alguno se cuestiona es la retorcida concepción misma que ha primado en este asunto. Ésta consiste no en admitir todas las actividades particulares (quizás con alguna excepción específica), sino —por el contrario— tolerar sólo aquellas que estén previstas de manera expresa en una lista limitada y casuística.

Sánchez Serra elogia la “sabiduría inmensa” de uno de los que se pronunció sobre el tema de las ventas de confecciones extranjeras. El opinante se pregunta: “¿Se han puesto a pensar cuántos millones de dólares se fugan del país por esas compras que después no se revierten en la población?”.

Según las peculiares ideas económicas de ese señor (con las que Sánchez Serra se identifica de lleno), esos comerciantes “cambian aquí CUC por USD y se los llevan a otro país para comprar”. Acto seguido, sentencia de modo terminante: “Eso es fuga de capitales”.

Parece que tanto el opinante en cuestión como el plumífero castrista no tienen presente algo obvio: ¡Comprar con dólares en el extranjero es justamente lo mismo que hace el régimen cubano cada vez que su Ministerio del Comercio Exterior adquiere artículos en otro país!… ¿Se atreverán a acusarlo también de “fuga de capitales”!

Con respecto a las exhibiciones cinematográficas, se refleja que algunos “abogan por la regulación de esos espacios a partir de la política cultural del país” y apoyan “una fiscalización de ellos para impedir la promoción de códigos ajenos a nuestros principios y valores como sociedad”. Aunque impugnan el despojo, respaldan —pues— el establecimiento de una nueva especie de Index Librorum Prohibitorum, sólo que ya no en los tiempos oscurantistas del Medioevo, ¡sino en pleno Siglo XXI!

¡Por esos senderos marcha la argumentación de los castristas cuando se afanan por justificar las últimas medidas del régimen contra algunos trabajadores por cuenta propia!

La Habana, 12 de noviembre de 2013

René Gómez Manzano

Abogado y periodista independiente

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UN EVENTO CIENTÍFICO CONSAGRADO A CUBA

 

UN EVENTO CIENTÍFICO CONSAGRADO A CUBA

El pasado sábado concluyó la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE por sus siglas en inglés), que sesionó en Miami por espacio de tres días. Pude participar en el importante evento gracias a la generosidad de esa organización no gubernamental, y lo hice aún bajo la gratísima impresión que recibí al llegar a esa urbe.

Supongo que todo viajero que arribe a la metrópoli del sur de la Florida tendrá una sensación de anonadamiento similar a la que experimenté en su imponente aeropuerto. He visitado otros muy importantes, como los de Frankfurt, Colonia y Madrid, pero pienso que el de Miami los supera. ¡Hasta un tren tuve que abordar para trasladarme entre distintas areas de ese inmenso centro de transportes!

Después quedé impresionado por la tremenda imagen de modernidad y pujanza que exhibe esa que, por el número de cubanos que vive en ella, es nuestra segunda ciudad, superada sólo por La Habana. Se sabe que hace medio siglo, al conjuro del apellido Castro, se instauró en el Archipiélago el regimen comunista. ¡Pensar que en esa época Miami representaba apenas una pequeña fracción de la capital isleña!

Sin embargo, gracias a su cercanía a esta última y a su clima —tan parecido al de Cuba— fue el lugar de asentamiento preferido por los miles de inconformes con el castrismo que de inmediato comenzaron a escapar de la Isla. ¡Fueron mis compatriotas quienes mayor aporte hicieron al crecimiento poblacional de Miami y a su impetuoso desarrollo económico. Fue ese sitio tan cubano el escogido por la ASCE para celebrar su conferencia.

Desde hace años yo tenía referencias de la formidable labor que realiza la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. En más de una ocasión tuve la oportunidad de examinar las gruesas memorias que cada año publica esa entidad con los trabajos presentados a la correspondiente conferencia. Fue por esa vía que pude constatar el elevado nivel científico que prima en las monografías elaboradas.

Pero leer una serie de artículos es muy diferente de escuchar su exposición en vivo seguida del intercambio académico de ideas suscitado por cada uno de ellos. Fue con mi participación directa en la Conferencia de 2013 que pude aquilatar en toda su magnitude la seriedad con que economistas y otros especialistas cubanos (unidos a algunos de otro origen) abordan el estudio de toda esa problemática en los marcos de la ASCE.

Por sólo mencionar las dos conferencias con las que se inició el evento, aludiré a las brillantes intervenciones del profesor Carmelo Mesa-Lago (“Panorámica de las reformas de Cuba y sus efectos”) y de Rolando H. Castañeda (“Análisis de las reformas socioeconómicas raulistas, 2007-2013”). En trabajos como ésos y varios más se hace una disección tremendamente seria y profunda de los diversos problemas económicos, politicos y sociales que aquejan a la Cuba de hoy.

El actual presidente de la Asociación, el doctor Ted Henken, puso de manifiesto en una graciosa presentación que mientras en Cuba son abandonados el “trabajo voluntario” y otras concepciones publicitadas en su momento por el médico Ernesto Guevara, los miembros de la ASCE no sólo se abstienen de percibir ingresos por la labor que realizan en el seno de la organización, sino que contribuyen con generosidad al sostenimiento de ella.

La seriedad de esa actividad, que pude constatar de manera personal, me permite afirmar que cuando en nuestra Patria se acometan por fin los cambios profundos que se requieren para sacar al país del marasmo en el que está sumido, los trabajos científicos elaborados en los marcos de la ASCE, así como los sólidos conocimientos de los hombres y mujeres que la integran, contribuirán de manera destacadísima en ese empeño.

Miami, 6 de agosto de 2013

 

René Gómez Manzano

Abogado y periodista independiente

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LOS RECIENTESCAMBIOS LEGISLATIVOS

El pasado 25 de junio fue publicado el Decreto-Ley 310, que modifica determinados artículos del Código Penal y de la Ley de Procedimiento Penal. La nueva disposición deberá entrar en vigor el primero de octubre próximo. Lo anterior pudieron saberlo quienes tienen acceso a internet, pues todavía no ha sido publicado    el correspondiente número de la Gaceta Oficial.

 Lo primero que habría que recalcar es que estos cambios no constituyen la reforma general de la ley de represión criminal, sobre la cual se ha venido hablando desde hace años. Así lo plantea el único Por Cuanto del Decreto-Ley, donde se aclara que éste se dicta “a reserva del trabajo que se ejecuta de manera integral en el estudio de la legislación penal”.

Como jurista, opino que la modificación más importante es la que se le hace a los artículos 8 y 9 del código de trámites de lo criminal: De acuerdo con lo ahora dispuesto, los delitos sancionables con penas de entre tres y ocho años de privación de libertad dejarán de ser conocidos por los tribunales provinciales para pasar a los municipales.

Resultan muy ilustrativos los cambios que a lo largo del tiempo ha introducido el régimen castrista en este tema. Los antiguos juzgados correccionales, que eran los encargados de la represión de menor nivel, estaban facultados para imponer castigos de hasta sólo seis meses de prisión, o multas no mayores de 180 cuotas.

Ya bajo el régimen castrista, esos órganos judiciales unipersonales fueron reemplazados por otros de carácter colegiado: los tribunales municipales, a los que se autorizó de inicio a conocer de los delitos sancionables hasta con nueve meses. Después, ese límite se aumentó a un año. Más tarde, a tres. Y ahora se les acrecienta la competencia hasta los ocho años.

Resulta conveniente aclarar que el hecho de limitar los jueces correccionales al conocimiento de las infracciones penales leves tenía su justificación: Como es lógico, se trataba de los funcionarios judiciales más jóvenes y de menor experiencia. Al restringir sus atribuciones, se reducían los peligros de que ocasionaran perjuicios con cualquier decisión incorrecta.

Este razonamiento sigue siendo válido. Sin embargo, el régimen comunista, ante el aumento exponencial de los delitos que se cometen, ha hecho caso omiso de este aspecto de la cuestión, y —como queda dicho— ha aumentado —¡nada menos que un total de 16 veces!— la duración de las sanciones de privación de libertad que esos jueces inferiores pueden imponer.

De manera análoga, se ha ampliado una potestad de la policía: la de, en vez de someter un caso al tribunal municipal, aplicar una multa administrativa. Antes, esto sólo podía hacerse cuando la sanción imponible era de hasta un año de prisión; ahora se ha ampliado este límite hasta los tres años. No obstante, en estos nuevos casos, “se requiere la aprobación del Fiscal”.

La otra modificación importante es que si el tribunal juzgador considera que la pena prevista en el Código para la modalidad agravada de un delito, aun en su límite mínimo, es demasiado severa, puede fijar un castigo enmarcado en la modalidad básica del mismo delito. Esta regla ya regía, pero en virtud de una instrucción judicial. Ahora adquiere rango de ley.

Hasta aquí, los cambios más sustanciales introducidos por el Decreto-Ley 310. Hay otras modificaciones, pero que son más bien de detalle. Por ejemplo, se dispone que las decisiones que afecten a los ciudadanos presos sean tomadas no por el tribunal sancionador, sino por el que corresponde al centro penitenciario en que se encuentren.

De manera análoga, en los casos de reos no privados de libertad, se establece que las disposiciones que modifiquen su status legal también dejen de ser tomadas por el órgano jurisdiccional que los condenó; esa función las asumirá el tribunal correspondiente a su domicilio.Hay algunas otras innovaciones secundarias: Se aumenta de cinco a diez días el término para establecer el recurso de apelación contra las sentencias que dicten los tribunales municipales en casos sancionables con más de un año de cárcel. Se faculta a estos mismos tribunales para ejecutar las sanciones “que no conlleven internamiento”.

Si se me pidiera calificar estas reformas, las describiría como contradictorias. Por una parte, hay medidas que tienden a reducir el alarmante número de encarcelados (como la que amplía las posibilidades para dictar multas administrativas). Por la otra, preocupa que los tribunales municipales puedan imponer sanciones de hasta ocho años de prisión. Deberemos mantenernos atentos a la práctica en la aplicación de estas nuevas disposiciones.

La Habana, 28 de junio de 2013

René Gómez ManzanoAbogado y periodista independiente

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